En vista a todos los comentarios alarmantes que se están haciendo sobre este tema, adjuntamos lo que dice la norma, para evitar, al fin, equívocos o malas intenciones. Nadie va a dejar a los inmigrantes desasistidos.
LOS
INMIGRANTES IRREGULARES, SIN TARJETA SANITARIA
Ningún ciudadano, sea español o inmigrante, se va a
quedar sin asistencia sanitaria. Lo único que se restringe es el derecho a la
tarjeta sanitaria. Esta tarjeta será sólo para
españoles o para extranjeros con residencia legal en España.
Los extranjeros que
no tengan residencia en España, ya sea porque son turistas o porque residen en
situación irregular, no quedarán desasistidos. Para ellos siempre estará garantizada la asistencia para menores de 18 años.
También, todos los cuidados en el embarazo,
parto y postparto. Y, de igual modo, recibirán asistencia sanitaria urgente, ya sea por enfermedad o por accidente.
En los casos de
turistas, si son comunitarios, se les facturará la asistencia su país a través
de su tarjeta sanitaria europea. Si no la tienen o son extracomunitarios, se
hará a través de sus seguros de viaje.
Además, se atenderán otros problemas de salud a través
de convenios de las comunidades autónomas con ONG o, por ejemplo, los
convenios que mantiene el Plan Nacional del Sida con organizaciones para
atender a población afectada por el VIH. Se garantizará, de este modo, que no
se produzca ningún problema de salud pública. Asimismo, se tratarán los casos
de interés humanitario, con convenios similares a los que se utilizan, por
ejemplo, para traer a España a niños enfermos de países en desarrollo para que
sean tratados.
Los extranjeros en situación irregular no pueden tener derecho
legislado a tener la tarjeta sanitaria, porque entonces
la tienen para todo (pueden traer a un familiar que no reside en España sólo
para someterse a una intervención quirúrgica, por ejemplo, de cataratas).
Además, este sistema crea un efecto
llamada indeseable.
La ausencia de
otros requisitos, más allá del empadronamiento, ha favorecido que los
extranjeros, especialmente los comunitarios, dejaran de cumplimentar los
trámites ante sus autoridades que sí son exigidos a los españoles cuando viajan
al extranjero. Por tanto, la norma de dar
la tarjeta con el solo requisito de estar empadronado situaba a los españoles
en inferioridad de condiciones.
Ahora, además del padrón, se pedirá la residencia
legal. Los extranjeros que en este momento no cumplan los nuevos
requisitos, tendrán un plazo de más de
tres meses para regularizar su situación y obtener la tarjeta de forma
legal.
Los abusos se han
producido. Hay datos que lo demuestran. De acuerdo con el último informe del
Tribunal de Cuentas, España ha dejado de
facturar a otros países la asistencia médica y de farmacia a más de 700.000
ciudadanos de otros países en sólo un año (2009), con lo que se han despilfarrado casi 1.000 millones de
euros. Es lo que se denomina
“turismo sanitario”, y a lo que se va a poner freno con este Real Decreto.
La intención de
esta norma no es sacar de la asistencia sanitaria a los inmigrantes
irregulares, sino frenar los abusos. Abusos que han hecho que haya ciudadanos
que han obtenido su tarjeta sanitaria europea en España, han dejado de cotizar en su país, han sido atendidos allí (en
Alemania, por ejemplo) y le han facturado la asistencia a España. Estos casos
están documentados por el Tribunal de Cuentas.
En 2007, el Gobierno socialista tuvo la oportunidad
de solventar esta situación, con la transposición de la directiva de
derecho de libre circulación y residencia de los ciudadanos de la Unión. Sin
Los españoles,
además, no tuvieron derecho a la sanidad universal por ley hasta el pasado 1 de
enero. De facto, tenía más derecho que
un parado de larga duración un extranjero que no hubiera regularizado su
situación. En un contexto con 5,2 millones de parados, se trataba de una
situación especialmente grave que había que solventar.
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