Sin papeles, sin sanidad, sin decreto

Francisco Muro de Iscar
Lo peor que puede hacer un Gobierno es faltar a la seguridad jurídica, a la equidad y a los derechos humanos. Y hasta a la salud pública. Allá por el mes de septiembre, este Gobierno aprobó una medida que algunos aplauden, pero que es una absoluta falta de respeto a los derechos humanos: privar a los inmigrantes sin papeles - se calcula que unos 150.000- de asistencia sanitaria, salvo en casos de urgencia, parto, postparto y pediatría. Se trataba, al igual que las tasas judiciales, de una nueva forma de recaudar o de una "invitación" a que se fueran. Si querían disfrutar de asistencia sanitaria debían hacerse un seguro público y pagar 710 euros -el doble para los mayores de 65 años- para disfrutarla. 
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